El derecho a la buena administración pública frente a la petición de subdivisión predial

Resumen

El derecho a la buena administración pública, establecido en el artículo 32 del Código Orgánico Administrativo (COA) de Ecuador, está diseñado para garantizar que las personas reciban un trato justo y eficiente del gobierno. Sin embargo, los procesos de subdivisión predial enfrentan problemas significativos debido a demoras y falta de motivación en la emisión de informes municipales, lo que obstaculiza el acceso a la justicia y el ejercicio de la propiedad. El artículo 473 del COOTAD impone la necesidad de un informe favorable del concejo municipal como requisito esencial para avanzar en los procedimientos de partición judicial, generando un cuello de botella jurídico cuando estos informes no se proporcionan en tiempo. La investigación, utilizando un enfoque cualitativo, destaca cómo esta ineficiencia administrativa no solo perjudica los derechos de los solicitantes, sino que también infringe los principios de celeridad y seguridad jurídica. La normativa actual obliga a desechar solicitudes si no se presentan estos informes, lo que puede resultar en la violación del derecho a una tutela judicial efectiva. La situación exige un ajuste normativo que establezca plazos claros para la emisión de informes municipales, promoviendo una administración de justicia eficiente y garantizando que los derechos constitucionales, como el derecho a la propiedad y un debido proceso, sean respetados. La adopción de plazos específicos para las autoridades municipales podría mitigar las demoras, fortaleciendo la función pública y alineando las prácticas administrativas con los principios constitucionales destinados a proteger los derechos de los ciudadanos.