Los insultos a los agentes encargados de precautelar el orden público en el ejercicio de sus funciones y el principio de convencionalidad
DOI:
https://doi.org/10.56048/MQR20225.8.3.2024.1628-1648Palabras clave:
derechos humanos; libertad de expresión; normativa jurídica; reforma legal; control de convencionalidadResumen
La investigación aborda el problema de la incompatibilidad del Artículo 394.2 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador, que penaliza los insultos y agresiones a agentes del orden público, con los estándares internacionales de derechos humanos, especialmente en cuanto a la libertad de expresión. Este artículo es ambiguo y permite una aplicación arbitraria y desproporcionada, afectando el debate público y la vigilancia democrática. La metodología utilizada incluye un análisis doctrinal y jurisprudencial, revisando casos relevantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras instancias internacionales. Se examinan fallos como Herrera Ulloa vs. Costa Rica, Kimel vs. Argentina y Palamara Iribarne vs. Chile, los cuales enfatizan que las restricciones a la libertad de expresión deben ser claras, necesarias y proporcionales. Los resultados muestran que el Artículo 394.2 del COIP carece de la precisión requerida por los estándares internacionales, lo que lo hace susceptible de ser utilizado para reprimir la crítica legítima a las autoridades. La investigación también revela que la doctrina y la jurisprudencia internacionales coinciden en la necesidad de reformar las leyes de desacato y ofensas a la autoridad para alinearlas con los derechos humanos. En la discusión, se argumenta que la derogación o reforma significativa del Artículo 394.2 del COIP es esencial para proteger adecuadamente la libertad de expresión en Ecuador. Además, se subraya la importancia del control de convencionalidad para asegurar que las leyes nacionales cumplan con los tratados internacionales de derechos humanos. Esta reforma fortalecería la democracia y el Estado de derecho en Ecuador, promoviendo un entorno legal que favorezca el debate público saludable y la crítica constructiva.
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DOI: 10.56048
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